Un ejército. El asalto del lunes a la madrugada en la sede de Prosegur en Ciudad del Este, Paraguay, fue perpetrado por decenas de combatientes (versiones hablan de entre 30 y 50) altamente entrenados, armados con fusiles de guerra, granadas y explosivos. Volaron la fachada del edificio, entraron y se llevaron seis millones de dólares. Para evitar la acción de la Policía, incendiaron vehículos repletos de municiones en los accesos a la Jefatura.
A las 3:30 los delincuentes se fueron en cinco camionetas y emprendieron la huida, dividiéndose en tres grupos para despistar a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, poco después de que arribaran en lanchas a Itaipulandia, Brasil, algunos de los criminales fueron interceptados por la policía, que mató a tres de ellos, detuvo a cuatro y recuperó una parte del botín. El resto de la banda continúa prófugo.
La pregunta que todos se hacían era qué organización podía tener la envergadura para montar un operativo semejante. El interrogante empezó a develarse en las últimas horas: todo apunta al Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital, PCC), la mayor organización criminal brasileña.
El PCC nació a principios de los 90 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, una cárcel del estado de San Pablo en la que eran alojados criminales de alta peligrosidad. En gran medida fue una respuesta a la Masacre de Carandiru, en la que la Policía Militar paulista puso fin a un motín matando a 111 reclusos, el 2 de octubre de 1992. Muchos delincuentes juntos, un contexto de violencia extrema y una profunda sed de venganza contra las autoridades, fueron el combo perfecto para la creación de una organización que se puso como objetivo controlar las cárceles del estado.
En un primer momento, el PCC, también llamado 15.3.3 por el orden de las letras en el alfabeto, se limitaba a organizar motines para reclamar mejoras en las condiciones de detención. Luego empezó a ejecutar atentados contra edificios públicos, como otra herramienta de presión. Entrados ya los años 2000 su ambición pasó a ser tener el control del crimen organizado, especialmente del narcotráfico.
Hoy se calcula que tiene presencia en el 90% de las cárceles de San Pablo, en 22 de los 27 estados brasileños, y en las regiones fronterizas de Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. Algunos investigadores estiman que su facturación asciende a 40 millones de dólares al año. Además de la venta de cocaína y marihuana, también se financia a través del robo de bancos.
En 2001 se conoció el estatuto de la organización. Los miembros deben pagar una cuota mensual de 16 dólares si están presos, y de 320 dólares si están libres. Para ingresar es necesario ser propuesto por otro integrante y contar con tres padrinos para el bautismo. El castigo por no colaborar con la organización o con alguno de los "hermanos" (así se llaman entre ellos) es "la muerte sin perdón".
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