El juez Sexto de Instrucción Penal y Cautelar de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, Alberto Zeballos, resolvió ayer dictar medidas sustitutivas en contra del gobernador electo Rubén Costas Aguilera, en el proceso que le sigue el Ministerio de Transparencia por malversación de recursos del Estado y actuación en contra de las leyes por la realización del referéndum del 4 de mayo de 2008; sin embargo, el acusado asumirá su defensa en libertad. De acuerdo con el dictamen del juez Zeballos, el ex prefecto será arraigado y sólo podrá salir del país con orden judicial justificando invitaciones de tipo institucional. Además, tendrá que pagar una fianza de Bs 100.000 y deberá presentarse cada 20 días a firmar el cuadernillo de asistencia ante el representante del Ministerio Público.
En la audiencia que se llevó a cabo en el quinto piso del Palacio de Justicia y que terminó con una concentración política de los seguidores de Costas, estuvo la fiscal del distrito, Arminda Méndez, que evitó pronunciarse sobre el proceso judicial.
El fiscal que investiga el caso, Róger Guzmán, pidió al juez Zeballos las medidas sustitutivas antes mencionadas para Costas, pero además procuró una fianza de Bs 200.000 y la anotación de sus bienes por un valor de Bs 11 millones para cubrir el gasto que hizo en la realización del referéndum por el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
El abogado de la defensa, Willam Herrera, calificó como temeraria la imputación de la Fiscalía y enseguida explicó y mostró pruebas de que Costas ya fue procesado dos veces por la misma causa. Una de ellas fue rechazada por la Fiscalía General del Estado. Al final de su alegato, Herrera pidió libertad irrestricta para su defendido.
El juez Zeballos accedió al arraigo y a una fianza de Bs 100.000, argumentando que las investigaciones del fiscal muestran indicios de culpabilidad por parte del acusado, por lo que tendrá que cumplir el dictamen mientras las pesquisas sigan y el Ministerio Público decida si hace una acusación formal en su contra; la defensa de Costas tiene tres días para apelar.
“Estoy arraigado en Santa Cruz, pero es por mi pueblo. De aquí no me voy a ir nunca”, fue la primera expresión del ex prefecto, que salió del Palacio de Justicia en medio de la ovación de sus seguidores, que lo esperaron durante toda la tarde.
Después el ex prefecto reiteró que el Gobierno quiere atemorizarlo con este tipo de persecuciones políticas que apuntan a bloquear su asunción en el cargo. “Van a tener que inventarse otros motivos porque tengo el apoyo de un millón de cruceños que votaron por el Estatuto de Santa Cruz”, dijo el acusado.
Las expresiones de apoyo a Costas y rechazo al Gobierno se alternaron por parte del prefecto Roly Aguilera, el líder cívico, Luis Núñez, y del presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores.
Desde La Paz, el viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, no quiso emitir criterio alguno a nombre del Gobierno para no interferir en el trabajo de los representantes del Ministerio Público. “Si el juez ha determinado medidas sustitutivas debe ser porque está aplicando lo que la ley le faculta, pero nosotros no vamos a comentar nada el respecto”, señaló Torrico.
EL DEBER llamó anoche al asambleísta electo del MAS Lucio Vedia, que anteriormente presentó una demanda similar en contra de Costas. En primera instancia pidió que se lo vuelva a llamar en 10 minutos, pero después apagó su teléfono celular.
La audiencia realizada ayer en el Palacio de Justicia concitó la expectativa de la gente que a diario realiza trámites judiciales. Hubo problemas tanto para entrar como para salir de la Corte.
En la jornada
- Público. Los seguidores de Rubén Costas coparon el ingreso al Palacio de Justicia después del mediodía. La gente aguantó hasta las 19:00 en medio del sol y el viento. Al final hubo un acto político con el discurso improvisado del gobernador electo para alrededor de medio millar de personas, muchos de ellos funcionarios de la Prefectura.
- Apoyo. Varios dijeron presente a la hora de dar su apoyo a Costas, o por lo menos mostrarse por el Palacio de Justicia. Además del titular cívico Luis Núñez, estuvo Nicolás Ribera, el prefecto Roly Aguilera y el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Jorge Flores Reus, entre otros.
- Fiscal. Sorpresivamente apareció la fiscal del distrito, Arminda Méndez, que se ubicó en el banquillo de los acusadores de Costas y varias veces ironizó con gestos, pero sin intervenir en la audiencia. Al final se fue sin dar explicaciones a la prensa.
- Reclamo. El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, que estuvo en la audiencia de ayer, mostró su preocupación por la presencia de la fiscal Arminda Méndez, a quien nunca se la ve en otros procesos penales. “Sería bueno que asista a todas las causas que están paralizadas”, dijo Paz.
- Demanda. La cifra exacta que se basa en la demanda, que supuestamente malversó el ex prefecto en el referéndum del 4 de mayo de 2008 es Bs 10,061.239. En su defensa, Costas ironizó que no le quiten su vieja camioneta marca Ford.
El proceso dirá si la consulta fue legal o no
Ángel Paz / Pdte. Colegio de Abogados
Las acciones denotan un fin político que persigue inhabilitar al gobernador electo, pero el proceso técnico dirá si el referéndum fue legal o no. En todo caso, desde el punto de vista de las leyes el cargo del gobernador no corre peligro.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, ningún gobernador puede ser destituido de su cargo si es que no hay una sentencia ejecutoriada en su contra. También existe una causa de inhabilidad permanente, pero eso está definido por el Estatuto, por lo tanto, todavía está sujeto a la comparación que se debe hacer con la CPE.
El juez determinó las medidas sustitutivas señalando que existen elementos de probabilidad en contra de Rubén Costas, que lo muestran como posible autor de los hechos, por eso la defensa tendrá que ver si insiste con los dos procesos abiertos por la misma causa que fueron rechazados, uno de ellos incluso por la Fiscalía General, o si cambia de estrategia.
Por el momento, el Ministerio Público tendrá que continuar con las investigaciones, pero el juez insinuó a la fiscal Arminda Méndez que defina si va a hacer la acusación sobre las leyes que están en vigencia.
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