Leopoldo Fernández. - Redacción Central Los Tiempos
LA PAZ |
Un tribunal ciudadano juzgará al ex gobernador opositor Leopoldo Fernández, actualmente detenido en un penal, por la muerte de 11 personas, 9 de ellos indígenas seguidores del presidente Evo Morales durante una protesta en 2008, informaron fuentes judiciales.
Los tribunales ciudadanos, contemplados en la legislación boliviana, lo forman cinco miembros: tres personas comunes y dos jueces técnicos con conocimientos penales. Todos son elegidos en sorteo y tienen la facultad de dictar sentencias.
El juicio penal comenzará el 4 mayo, informó el presidente de la Corte de La Paz, Gerardo Torres.
El principal acusado es Fernández, el ex gobernador del pequeño departamento amazónico de Pando, actualmente detenido en un penal de La Paz. Otras 26 personas están imputadas.
La defensa anunció que solicitará la licencia de Fernández tras 18 meses de arresto sin sentencia para que pueda enfrentar el juicio en libertad. Torres dijo que corresponderá al juez de la causa decidir el pedido. El juicio será oral, según el Código Penal.
Fernández fue candidato a vicepresidente en la fórmula opositora en los comicios nacionales de diciembre cuando Morales fue reelecto con el 65% de los votos.
El ex gobernador derechista está acusado de instigar el choque entre bandos rivales. El acusado negó los cargos. La llamada "masacre de Porvenir" por el pueblo donde ocurrió, se produjo en momentos de una dura confrontación política entre el gobierno de Morales y cuatro regiones encabezadas por gobernadores opositores autonomistas.
Seguidores de Fernández y funcionarios de la gobernación de Pando interceptaron a un grupo de indígenas y estudiantes oficialistas que se dirigía a la capital con el saldo de 11 muertos, 9 indígenas y dos partidarios del gobernador, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Otros informes cifraron en 15 el número de fallecidos.
Morales dijo que esas protestas eran parte de un golpe civil para derrocarlo poco después que fuera ratificado en el cargo en un referendo celebrado en agosto de 2008.
Esos comicios y las elecciones de diciembre del año pasado se encargaron de dirimir la disputa política en el país a favor del mandatario que fue reelecto hasta el 2015.
La oposición denuncia ahora una supuesta persecución política con varias demandas por diversos cargos a líderes opositores.
Varios de ellos tuvieron que salir del país clandestinamente.
En un informe conocido el miércoles el Alto Comisinado dijo que la confrontación política bajó en 2009 y que el país mejoró en la defensa de los derechos humanos, pero llamó la atención por la vulnerabilidad de la justicia ante presuntas presiones políticas y abogó por juicios imparciales.
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