Familiares de los desaparecidos en dictaduras protestaron en las puertas del Gran Cuartel de Miraflores. - Abi Agencia
Amnistía Internacional exigió la colaboración de las Fuerzas Armadas de Bolivia "en la entrega inmediata, incondicional y completa de documentos militares" relacionados con desaparecidos y asesinados durante las dictaduras en este país.
"Es preocupante que 30 años después de que ocurrieron estos hechos gravísimos, aún no se ha podido dar a conocer información que podría esclarecer lo que pasó", dijo Louise Fines investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional (AI), según una declaración pública del organismo enviada a la AP.
El reclamo tiene relación con la negativa del alto mando militar a permitir que una comisión de la fiscalía indague en los archivos clasificados del ejército sobre los restos de tres líderes izquierdistas desparecidos durante el gobierno de facto del general Luis García Meza (1980-1981), a pesar de una orden judicial.
Tras ese frustrado intento de la semana pasada y ante críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas general Ramiro de la Fuente informó que entregará al fiscal de la causa información del personal militar que ocupó funciones en el Gran Cuartel de Miraflores en La Paz, convertido en centro de detención y tortura durante el golpe militar de 1980.
"Estamos esperando esa información para que la comisión investigadora valore los datos", dijo el martes el fiscal Fernando Ganam.
El juez Róger Valverde ordenó a las fuerzas armadas a que entreguen documentos de sus archivos que podrían ayudar a ubicar los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y de Juan Carlos Flores y Renato Ticona.
Aunque García Meza cumple desde 1995 una sentencia de 30 años en un penal de La Paz por esos y otros delitos, no ha sido posible hasta ahora conocer el paradero de los restos de esos y otros desaparecidos.
Según la Asamblea de los Derechos Humanos de Bolivia los restos de 152 desaparecidos no han podido ser ubicados desde 1964, cuando un golpe de estado inició una serie de gobiernos militares que concluyeron en 1982 con el retorno de la democracia.
"El pleno acceso a información relacionada con violación de derechos humanos del pasado es un paso esencial para poder romper con las violaciones del pasado que permanecen impunes. Sin embargo, la persistente negación de las fuerzas armadas a desclasificar sus archivos, hace imposible la búsqueda por la verdad y la justicia", indicó Amnistía Internacional en su declaración.
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