La Paz, (ABI) - El gobierno del presidente Evo Morales pidió el miércoles, a 11 días de las elecciones bolivianas, levantar la amenaza de veto a más de 400.000 bolivianos, cuyo registro electoral fue observado por el Organo Electoral Plurinacional (OEP), por deficiencias en el Registro Civil. "El Órgano Ejecutivo sienta una posición de que debe respetarse el derecho a voto, al sufragio político, porque los ciudadanos que no han falsificado ningún documento ni fraguado ningún documento de identidad tienen derecho a votar como lo establece la Constitución y las normas de derecho internacional", enfatizó el ministro de Defensa, Wálker San Miguel, en una conferencia de prensa dictada en La Paz. El pronunciamiento oficial se registra dos días después que el OEP observara el derecho a votar de 400.671 ciudadanos anotados en el padrón electoral biométrico y cuya ficha ha merecido, por parte del organismo, observaciones que en la mayor parte de los casos no involucran la voluntad ni acción de los ciudadanos. El Ejecutivo afirmó disentir con la posición que el OEP haya observado "a tantos ciudadanos" y que ellos mismos deban resolver un problema que ha generado la oficina de Servicio Civil. El OEP señaló un plazo hasta el viernes 3 de diciembre, es decir 72 horas antes de los comicios, para que los observados puedan reparar las faltas documentales. Los problemas en las oficinas de Registro Civil y la Policía boliviana son de larga data, pese a las numerosas reformas introducidas al sistema desde la década de los años ’30, del siglo XX, cuando la Iglesia Católica dejó de operar las listas de identidad personal por medio de sus despachos bautismales en Bolivia. San Miguel dijo que había un problema muy común en Bolivia y éste era la falla en el registro de los nombres o los apellidos del ciudadano en el certificado de nacimiento o carnet de identidad. "Un principio fundamental de derecho administrativo es que el Estado no le puede trasladar al ciudadano la responsabilidad que es de él. Si se le ha de negar el derecho a votar, ese ciudadano no va a poder cobrar sueldo, trabajar, contratar una flota, trasladarse a ningún punto del país. Estaríamos hablando de 400.000 ilegales en Bolivia y no se les puede negar el derecho a sufragar a quienes se han esforzado inclusive en el campo para inscribirse en el nuevo padrón", protestó San Miguel. El Padrón Biométrico, aún en vías de implantación y que regirás las elecciones generales del 6 de diciembre y los comicios prefecturales y municipales pautados para el 10 de abril que viene, demandó una inversión cercana a los 50 millones de dólares, aportados por el erario público, hizo notar. Por eso, declaró San Miguel, ninguna boliviana ni boliviano "que ha cumplido sagradamente su empadronamiento biométrico y que no ha hecho ningún fraude puede ser excluido del voto". "Sería un atentado a un derecho fundamental establecido en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras cartas orgánicas interamericanas de la Organización de los Estados Americanos", señaló. "Vamos a transmitir esta posición del Organo el Ejecutivo al OEP. Pedimos a su presidente, Antonio Costas, y a los vocales que sean responsables con la democracia, con el ciudadano y con el Tesoro General de la Nación que les ha dado dinero para invertirlo en un padrón biométrico confiable", afirmó. |
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