Los bolivianos claman justicia para que los responsables de la masacre de octubre de 2003 sean procesados y sancionados (ABI)
La Paz, (ABI).- La defensa de las víctimas de la masacre de octubre negro recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales para evitar que el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada sea archivado y pase al olvido como otros casos, advirtió el miércoles el abogado Rogelio Mayta.
Calificó como "aleteos" de los grupos neoliberales que aún respaldan a Sánchez de Lozada lo sucedido esta semana en las instancias congresales, donde los parlamentarios de oposición obstaculizaron el sustentamiento del proceso de responsabilidades por retardación de justicia contra el suspendido presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández.
Dijo que Fernández ha sido uno de los principales personajes que trabaron desde la Corte Suprema de Justicia el proceso contra Sánchez de Lozada y otros casos, como la adquisición fraudulenta del avión Beechcraft en 1998 y el juicio al ex prefecto de La Paz, Luis Alberto "Chito" Valle por la utilización dolosa de los bienes del departamento.
En el caso del juicio a Sánchez de Lozada y su gobierno "Han sido incontables los recursos jurídicos que utilizó Fernández para impedir el proceso contra Sánchez de Lozada, hasta incurrir en la violación de la propia Ley de Responsabilidades".
Informó que, por ejemplo, Fernández dio curso a todas las recusaciones presentadas por la defensa de Sánchez de Lozada y de sus ministros a los magistrados del Tribunal encargado de encaminar el proceso.
"La Ley establece que solamente podían ser recusados la mitad de los miembros del mencionado Tribunal, pero sin embargo lo hicieron a todos y Fernández lo permitió con el fin de echar sombras al juicio", dijo.
Mayta subrayó que otro de los hechos que mostraron una disposición del magistrado para trabar el proceso fue que pretendió que los familiares de las víctimas de los hechos de octubre de 2003 "fueran a notificar a Sánchez de Lozada a Estados Unidos" sin agotar otros recursos legales que podían ser viabilizados oficialmente.
Para Mayta, ahora el proceso contra el ex presidente y sus ministros pretende ser obstaculizado en el Senado, que hace las veces de tribunal de sentencia, con varios de sus miembros pertenecientes a los partidos de oposición que han vertido sobreabundantemente criterios en los que expresaron que su desapego al juicio.
Mencionó los casos de los senadores de Poder Democrático y Social (PODEMOS) Roger Pinto, Luis Vásquez, Fernando Rodríguez y Walter Guiteras, quienes expresaron que la autoridad judicial "es objeto de persecución política".
"Se espera que estos senadores se excusen por ética y sean convocados sus suplentes", dijo el abogado.
"Una de las alternativas es que dispongan no tratar el asunto, dilatarlo al máximo, o declarar que no existen suficientes elementos de convicción para juzgar a Fernández, pero no les va a ser fácil porque la defensa seguirá adelante con estrategias diferentes que impidan que el caso ingrese a los archivos del olvido", reiteró el abogado querellante.
"Es un ejercicio de dignidad. Tanto para el caso octubre negro como a otros, la defensa va a avanzar en todos los flancos en lo que la conciencia nos lo permita y el derecho aguanta", anotó.
Reiteró que la defensa no acusa a Fernández por la demora en el juicio contra Sánchez de Lozada desde 2003, sino porque públicamente ha expuesto sus reparos a que un proceso de está índole sea coherente, sin tomar en cuenta que detrás existen centenas de familiares de las víctimas de octubre que claman por justicia.
Por otra parte Mayta acusó al suspendido presidente del máximo tribunal judicial de indolente, una vez que negó la solicitud para declarar que le presentó Esteban Condori, uno de los heridos en la masacre de octubre.
"Cuando la Ley obliga a la justicia a responder estos pedidos en 24 horas, Fernández lo hizo en un mes y, peor aún, negó ese derecho, pese a que Condori estaba desahuciado y poco tiempo después murió", dijo.
Entre tanto, el Gobierno reiteró que apoyará la continuidad del juicio de responsabilidades por el caso octubre negro y que no existe riesgo de que sea paralizado por la parte acusada.
Pese a que Fernández expresó que la Corte Suprema de Justicia no cuenta con el quórum para tratar este asunto porque solamente tiene siete vocales, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, aseveró que son otras argucias para frenar el proceso.
El abogado de las víctimas de los sucesos de octubre, Rogelio Mayta, manifestó su sorpresa porque Fernández dice ahora que la Corte tenga solamente puede pronunciarse al respecto con la presencia de por lo menos ocho vocales, cuando en el caso del ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, tomó decisiones solamente con cinco miembros.
El Poder Ejecutivo ha enviado ya los exhortos suplicatorios a Perú para posibilitar la extradición o entrega legal de los ex ministros de Sánchez de Lozada, Javier Tórrez Goytia, Mirtha Quevedo y Jorge Tórres Obleas, quienes se refugiaron en ese país bajo el argumento de que "sufren persecución política en Bolivia".
Pese a que la Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha iniciado oficialmente el proceso de responsabilidades el pasado 18 de mayo y haber declarado poco después de"rebeldes" a los encausados, no se han logrado avances sustanciales.
Junto a Sánchez de Lozada y sus ministros que firmaron el Decreto que autorizaba a las Fuerzas Aradas reprimir a las manifestaciones de los movimientos sociales que exigían la salida del ex presidente del poder, fueron incluidos en el juicio de responsabilidades los jefes del Alto Mando militar de entonces.
El viceministro de Relaciones Exteriores, René Fernández, dijo que el pedido de extradición de los ex ministros de Sánchez de Lozada fue emitido por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, por lo que la Cancillería remitió el documento a su homóloga de Perú para que sea la justicia de ese país la que tome una determinación.
Varios de los ministros de Sánchez de Lozada fugaron de Bolivia tras producirse la masacre de octubre de 2003 en la que murieron 67 personas y centenares resultaron heridos.
Sánchez de Lozada y sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, de Defensa e Hidrocarburos, respectivamente, radican en Estados Unidos, mientras que Tórrez Goytia, Tórres Obleas y Quevedo, de Salud, Economía y Participación Popular, optaron por establecerse en Lima desde mayo, donde pidieron asilo político.
El ex ministro de Educación, Hugo Carvajal Donoso, se encuentra en España, y Guido Añez, de Desarrollo Rural, vive en Miami, Estados Unidos. El ex titular de Gobierno se encuentra en Santa Cruz de la Sierra hasta que decidió ingresar en la clandestinidad.
Otro ex ministro, Dante Pino, declarado rebelde por la justicia habría salido a Chile.
De acuerdo con los informes, los únicos de los ministros de Sánchez de Lozada que decidieron responder presentes a los cargos en su contra en el Poder Judicial son Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara.
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