Autoridades piden al Congreso juicio de responsabilidades contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia

LA PAZ |

El gobierno solicitó el martes al Congreso el inicio de un juicio de responsabilidades contra tres magistrados y cuatro conjueces de la Corte Suprema de Justicia por el delito de incumplimiento de leyes y prevaricato.

El pedido fue presentado por los ministros de Gobierno, Defensa, Defensa Legal y de Justicia, Alfredo Rada, Walker San Miguel, Héctor Arce y Celima Torrico, respectivamente, en un Memorial que contiene los suficientes justificativos para que la Cámara de Diputados inicie los trámites de sustentación del proceso.

San Miguel dijo que los magistrados deben ser enjuiciados por haber cometido actos contrarios a la Ley y a los procedimientos establecidos en los Códigos de procedimiento Civil y Penal.

El caso se refiere a la determinación de la Corte Suprema de Justicia de pasar el caso de terrorismo, desarticulado a mediados de abril en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a la jurisdicción de la justicia de Santa Cruz, a cargo del juez Luis Hernando Tapia Pachi, cuando comenzó a ser sustentado en La Paz mediante la magistrada Betty Yañiquez.

Las autoridades denunciaron que existieron irregularidades desde la convocatoria a los miembros del Tribunal de la Suprema Corte y los conjueces.

Los cargos presentados para el inicio del proceso son "prevaricato, disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes".

En los justificativos se señala que las irregularidades cometidas en el procedimiento se convirtieron en ilegalidades a cargo de los magistrados y conjueces

El ministro hizo hincapié en que el ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, fue el que solicitó al juez Luis Hernando Tapia Pachi, de Santa Cruz, que solicite la inhibitoria del tratamiento del caso que estaba siendo sustentado en La Paz por la jueza Yañiquez.

San Miguel subrayó curiosamente el mismo juez había emitido antes un fallo a favor de Marinkovic en otro caso para posibilitarle que recupere una propiedad en un proceso por tierras.

Esta vez Marinkovic instó a Tapia Pachi que demande el traslado del proceso y las investigaciones sobre terrorismo a Santa Cruz desde La Paz, además de que el fiscal director de la investigación, Marcelo Soza, sea separado del caso.

De acuerdo con los justificativos, el procedimiento ordena que cuando se presentan estos trámites, el proceso debe pasar a evaluación de la Corte Superior de Distrito y no directamente a la Corte Suprema de Justicia, como ha sucedido.

Agregó que, además, los magistrados de la Suprema Corte deberían analizar la legalidad o no de las exigencias, si arrastraba vicios de nulidad y otros antes de proceder a dar curso a su envío a la cabeza del Poder Judicial.

Otra de las irregularidades es que la convocatoria a los magistrados y conjueces para analizar el memorial no se produjo en los plazos fijados por ley, establecido en el artículo 88 del Código de procedimiento civil.

El Memorial entregado por el Gobierno a las autoridades congresales subraya que en el interín del tratamiento de este caso, los miembros de la Corte Suprema cometieron otras irregularidades como la resolución por apenas seis votos, cuando el mínimo es siete, de una recusación presentada contra de la Magistrado Rosario Canedo Justiniano.

Los nombres de los magistrados incluidos en esta solicitud de procesamiento son Beatriz Sandoval de Capobianco, Rosario Canedo Justiniano y José Luis Baptista Morales, junto a los conjueces Elizabeth Maldonado Loayza, Daysi Parada Alurralde, Fernando Cuéllar Nuñez y Eduardo Arteaga Rivero.

El ministro San Miguel dijo que el Gobierno optó por solicitar al Congreso un juicio de responsabilidades contra esos magistrados para impedir que la investigación sobre el caso de terrorismo quede en la impunidad y Bolivia no pueda conocer toda la estructura de la organización, junto a sus financiadores.

Subrayó que el pedido fue presentado ante las autoridades del Congreso que derivarán la investigación a la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial.

San Miguel enfatizó que hay pruebas contundentes para que el Congreso viabilice el juicio de responsabilidades.

San Miguel reveló, además, que conformaron el tribunal personas como la magistrada Rosario Canedo, "una persona que ha manifestado abiertamente su oposición al Gobierno"; la hermana del senador de PODEMOS Orlando Careaga, de Potosí, y el presidente del Colegio de abogados de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, "quien fue miembro de la organización Human Rights, cuyo principal cabecilla era Hugo Antonio Achá, sindicado de ser el principal contacto de la banda terrorista y mercenaria en Santa Cruz.

El Ministro dijo que en la actualidad el proceso aún se encuentra en La Paz, pese a que la Suprema Corte emitió una resolución para que sea enviada a Santa Cruz.

Antes de definir su envío a Santa Cruz, la Justicia debe fallar sobre un Amparo Constitucional.