 Conflicto en Amayapampa dejó destrozos de la red de agua potable. |
• Piden que hagan cumplir la resolución Ministerial del 27 de mayo del presente año, en la que se rechaza todo tipo de atropellos por los comunarios del lugar.
El sindicato Mixto de trabajadores Mineros de Amayapampa denunció que un atentado terrorista (dinamitero) dejó sin agua a la población, las constantes agresiones físicas continúan por comunarios, y el gobierno hasta la fecha no hace cumplir una resolución interministerial para dar solución a los avasallamientos.
Los dirigentes presentaron las pruebas y evidencias del atentado por parte de comunarios, que es una muestra latente de agresión contra las vidas de los trabajadores del subsuelo.
Relataron que un atentado dinamitero se registró en la zona contra el suministro de agua potable hacia la población de Amayapampa (ejecutado por algunos comunarios de Chojñuma).
El secretario de Relaciones de Amayapampa, José Escalera, explicó que los mineros exigen a las autoridades del ejecutivo y judicial el cumplimiento de las garantías constitucionales, derechos humanos y el derecho fundamental a la vida, toda vez que se demostró que se dinamitó y destrozó el acueducto en el sector de Irpa Khochi y de la red de bombeo de Polluqueri.
Asimismo en voto resolutivo, reclaman al Gobierno una solución definitiva a los actos delincuenciales y de terrorismo (de parte de algunas comunidades) contra la integridad de las personas.
Se otorgó un lapso de 72 horas a los representantes del gobierno, cumplido el plazo los trabajadores y pobladores de Amayapampa anuncian que harán respetar sus derechos con sus propias manos.
Piden que hagan cumplir la resolución Ministerial del 27 de mayo del presente año, en la que se rechaza todo tipo de avasallamiento practicado por los comunarios de Pusutapampa y Chojñuma, actitud que provoca a los pobladores de Amayapampa, vulnerando la Constitución Política del Estado y oponiéndose a una consulta pública que el Estado está en la obligación de realizarlo.
Se resalta que el caso de Amayapampa no es un conflicto aislado, ya que muchos distritos mineros en el país están siendo víctimas de las violencias y avasallamientos por parte de comunarios, como por ejemplo el de Himalaya y otros, y el Gobierno hasta la fecha no tomó cartas en el asunto para proteger a ciudadanos bolivianos que están siendo despojados de sus fuentes de trabajo y derechos fundamentales.
El secretario General de la federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Cesar Lugo, explicó que a la fecha este es un proyecto en preparación y tiene un financiamiento de 20 millones de dólares, y que luego se dijo llegaría a los 36 millones de dólares con el apoyo incondicional del Sindicato Mixto de trabajadores Mineros de Capasirca.
EL INCUMPLIMIENTO
Se firmó el acuerdo de Resolución Multiministerial para evitar avasallamientos y segundo un convenio de partes, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo, que respeta las ocho horas de trabajo (con Sinchihuayra y otros) y en la que la compañía se comprometía a cumplir con todos los decretos y leyes emanados por el supremo gobierno.
Todas las disposiciones gubernamentales estarían paralizadas, “... el incremento del 12 por ciento no se cumple, como una especie de chantaje, en la que se tendrían que dar cartas de preaviso y además se anunció a los trabajadores que no existirá el pago de la Prima Anual e impuestos nacionales”, denunció.
La Prima Anual paga empresas que se encuentran en producción y en particular la minería, después del año, es decir hasta los tres primeros meses de la próxima gestión. Cuando no existen utilidades no se paga y no se da información.
“Como todavía esta vigente el modelo anterior, de los que han gobernado hace 20 años atrás, existen candados herméticamente sellados y sólo queda a los trabajadores encarar un conflicto frente al anuncio de la empresa, que el año pasado ha caído el precio de los minerales, “... a partir de octubre y hasta la fecha se demuestra que los minerales subieron”, enfatizó.
A la vez los trabajadores denuncian que Impuestos Nacionales no les proporciona información o les niegan o les amenazan.
”Cuando pedimos información sobre la situación de la empresa, los de impuestos nacionales señalan que los trabajadores habrían infringido en la clonación de facturas en la gestión 2007, queriendo descontar entre 1.200 a 12 mil bolivianos por concepto de infracción al RCIVA”, denunció.
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