 Instalaciones de la ex transredes, ahora YPFB - Transporte. |
En los próximos meses se incrementarán los volúmenes del energético para la Paz, Oruro y El Alto.
Ante denuncias de irregularidades en el proceso de nacionalización de Transredes (ahora YPFB Transporte SA) por el ex presidente de la compañía, Gildo Angulo, y legisladores del Congreso así como ex autoridades de hidrocarburos, el vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, rechazó las afirmaciones y aseguró que la recuperación de la transportadora fue un buen negocio para el país.
El pago de importantes recursos por las acciones de los socios de Transredes demandó que el Tesoro General de la Nación erogue millones de dólares para cumplir con la política del Gobierno: la nacionalización de los hidrocarburos.
“No hay nacionalización en ninguna parte del mundo que no pague, ni Lenin en los tiempos de la revolución (rusa) dejó de pagar una indemnización por las empresas petroleras”, apuntó García Linera al refutar observaciones infundadas de ex directivos y políticos opositores.
| Alto costo de la capitalización - La capitalización de Transredes tuvo un alto costo para Bolivia. La reversión de la denominada “concesión no exclusiva de operaciones” hasta el año 2027 implicó la implementación de una estrategia de recuperación del patrimonio nacional de sus cuestionados administradores privados. - El 1 de mayo de 2006, el gobierno del presidente Evo Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos a través de la promulgación del Decreto Supremo No, 28701 que en sus partes destacables instruye la recuperación de las empresas. - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos asumió el 29 de mayo de 2006, el derecho propietario del 33,57% de las acciones de Transredes que estaba en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y designó de inmediato a sus representantes ante el directorio. - Luego, el Estado adquiere la participación del 17% de los accionistas minoritarios, sumando su participación, con el objetivo de alcanzar el 50% más uno. El 1 de mayo de 2008, el DS 29.541 asegura el control y dirección de la empresa al adquirir 263.429 acciones a un costo de $us 48 por cada una, según la menor valoración de mercado en la Bolsa Boliviana de Valores. - El objetivo del Gobierno era concertar el 51% de participación de Transredes, respetando las participaciones sobre GTB y TBG, no hubo una actitud favorable de los socios que optaron por posiciones intransigentes, incumpliendo el endoso de acciones al cabo de un plazo de 30 días. - Por ese motivo, se aprueba el DS 29.586 que nacionaliza la totalidad de las acciones del consorcio TR Holdings conformado por 50% de acciones de Shell y similar porcentaje de Ashmore Energy International. Así, se pasó a controlar el 97% de las acciones, y el resto en manos de trabajadores. - Del mismo modo, la transportadora estatal posee la mayoría accionaria (51%) en el Gasoducto Trans Boliviano (GTB) vinculado al gasoducto (TBG) en el lado brasileño para llevar gas natural hasta Sao Paulo, Brasil, en función al contrato GSA. |
“Lo que no admitimos es la sinvergüenzura de algunos privatizadores, (que vendieron) la patria (y) rifaron los recursos públicos, y ahora atacan el proceso de nacionalización de los hidrocarburos”, manifestó García Linera al afirmar que se negoció con transparencia la nacionalización de las empresas petroleras.
Después de más de diez años del proceso de capitalización de las empresas del Estado, el Gobierno inició la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006. Transredes junto con Chaco y Andina volvieron a manos del Estado el 1 de mayo de 2008 por decisión del presidente Evo Morales y el gabinete en pleno. De este modo fue restituido el patrimonio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Se informó que a través de un proceso transparente de cara al pueblo el Gobierno concretó, entre 2008 y 2009, la nacionalización de las acciones de la empresa transportadora de hidrocarburos.
En tan sólo tres años de aplicación del proceso de nacionalización, la capacidad de transporte de hidrocarburos para el mercado boliviano se incrementó en 62 por ciento y se construyeron 642 kilómetros de gasoductos, entre otras ampliaciones están los oleoductos, poliductos e infraestructura logística.
La actividad de YPFB Transporte SA que administra alrededor de 6.000 kilómetros de ductos es imprescindible para Bolivia porque garantiza la soberanía energética, aseguran autoridades del sector.
En función a la Constitución Política del Estado y velando por el interés de la Nación, el Gobierno Central autorizó el proceso de recuperación de la empresa Transredes SA.
Decretos
El presidente Evo Morales y el gabinete ministerial en pleno promulgaron los Decretos Supremos 29.706 y 29726 que autorizan una justa compensación a las empresas del consorcio TR Holdings, Shell Gas B.V. y Ashmore Energy International (AEI) Luxemburgo Holdings por su nacionalización.
Bajo esa modalidad de pago, por la compra de acciones se efectivizó un desembolso de $us 67.075.352 y por concepto de indemnizaciones $us 241.154.976, haciendo un monto total de $us 308.230.328 por la recuperación de la transportadora monopólica y la restitución de sus bienes al Estado.
El presidente Ejecutivo de YPFB, Carlos Villegas Quiroga, precisó que el Gobierno Nacional promovió espacios de negociación con ambas empresas que iniciaron un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado boliviano por $us 500 millones, cada una, haciendo un total de $us 1.000 millones.
En la negociación con ambas empresas, se descubrió procesos tributarios contenciosos sobre depreciación de revalorización de activos correspondientes a gestiones anteriores al año 2001. El Decreto Supremo 29.541 precisa que el Estado boliviano no reconoce contingencias de ninguna naturaleza.
El Gobierno toma la decisión de pagar las compensaciones a ambas empresas y liberarlas por las contingencias de los procesos contenciosos tributarios. Al 2 de junio de 2008 (fecha de nacionalización de Transredes) estos procesos no tenían pronunciamiento oficial de autoridad jurisdiccional competente, por lo que los montos derivados de estos no se tomaban en cuenta como pasivos de la empresa, de acuerdo a los estados financieros aprobados en abril de 2008.
“Pusimos en la balanza 1.000 ó 50 millones de dólares que era el monto al que ascendían estos procesos, que no tenían decisión de la Corte Suprema, por ello decidimos liberarlos de estos 50 millones”, afirmó Villegas y reiteró que el Estado no asume estas cuentas sino la empresa YPFB Transporte.
De acuerdo a los estados financieros de YPFB Transporte, con dictamen de auditoría a cargo de la consultora Ruiz Mier, la autoridad competente resolvió que estos procesos sean aprobados a favor del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y asumidos por el flujo de caja generado por la misma.
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