Decreto de confiscación de bienes ahuyenta las inversiones en el país

Decreto de confiscación de bienes provoca inseguridad jurídica y ahuyenta las inversiones para todos los rubros de la economía

• La norma provocará más desempleo ante la polarización de empresarios y Gobierno.
• Las inversiones extranjeras no pasaron los 500 millones de dólares en 2008.

Decreto 0138, provoca inseguridad jurídica en el país y ahuyenta las inversiones extranjeras para todos los rubros de la economía, señala Julio Alvarado, analista económico. “El decreto es una provocación a todos los ciudadanos y no sólo a los empresarios. El decreto provocará más desempleo ante la polarización de empresarios y Gobierno”.

El analista económico señaló que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene una visión antiempresarial, en contra de las empresas nacionales. “Entonces va a ser muy fácil descabezar a las empresas en amparo a este Decreto Supremo”, dijo.

Alvarado, lamentó que la inversión privada nacional y extranjera, para la industria hidrocarburífera y agroindustrial, esté en peligro desde el 2006.

“Mientras que países como Perú, Chile y otros Estados vecinos han logrado inversiones sobre los 5.000 mil millones de dólares, en Bolivia las inversiones extranjeras no pasan de los 500 millones de dólares en 2008” dijo.

Recordó, que las exportaciones cayeron en 400 millones de dólares en el primer trimestre de 2009 a comparación del pasado año (2008), en los rubros de la minería, textiles e hidrocarburos, hecho que provocó que en ciudades como El Alto, se haya registrado un índice del 13% de desempleo y un 11% por ciento en la ciudad de La Paz.

Alvarado, considera que la falta de inversiones para aumentar la producción en la cadena productiva, provoca mayor desempleo, toda vez que los empresarios la piensan dos veces a la hora de contratar personal.

DECRETO

El Decreto Supremo 0138 busca frenar un supuesto terrorismo contra el Estado Nacional, norma que afectará a todo ciudadano que tenga bienes y que haya tenido relación con acciones de sedición o alzamientos armados, sin respetar el derecho de presunción de inocencia.

Según Alvarado, este Decreto Supremo también genera inseguridad jurídica para las personas particulares y naturales. “Porque cualquier persona puede ser acusada y sus bienes se incautan antes de probarse si es no culpable”, dijo.

LEY

Más adelante Alvarado, señaló, que todo estudiante de Derecho de primer año sabe que un Decreto Supremo, no puede suplantar a ninguna Ley General de la República. “Por lo que la norma de confiscación de bienes aprobada por el Ejecutivo, será sujeto de varios recursos de inconstitucionalidad, una vez que viola los derechos de las personas”.

“Sin embargo, nuevamente nos encontramos (con) que el Tribunal Constitucional de Bolivia ha sido descabezado completamente en el país, esto significa que los bolivianos no tenemos garantías jurídicas ni podremos ejercer nuestros derechos constitucionales”, sostuvo.

EMPRESARIOS

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, ratificó que el Decreto Supremo 0138, genera incertidumbre y vulnera los derechos constitucionales.

En el caso de investigación sobre una supuesta complicidad de empresarios en actos de terrorismo, manifestó que la presunción de inocencia no solamente debe ser para los empresarios, sino para todos los bolivianos.

“En el marco de una construcción de un país democrático tenemos que tener los derechos hacia un juicio justo y por ello esta situación debe pasar primero por una investigación transparente, profunda y no politizada, como hoy se está viviendo”, añadió.

Advirtió, que existe una vulneración de los procedimientos penales, donde la presunción de inocencia queda descartada con el Decreto 0138.

Ante la consigna que realizan varios juristas, en sentido de que el decreto de expropiación debe ser efectivo mediante la calificación de ley, el Presidente de la CEPB, exhortó al Congreso Nacional de la República y a las fuerzas políticas a buscar concertaciones, “para poder evitar que el Estado Nacional haga sus abusos contra cualquier ciudadano boliviano”.

En este caso, al simple decreto que pueda emitir el Poder Ejecutivo tiene una presunción de abuso que pueda tener un Estado. “ Y ahí, la presunción de inocencia queda descartada”, agregó.