 Corrupción en YPFB arriesga fortalecimiento de la entidad petrolera. |
Sucre (Agencias).- El presidente interventor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, presentó ayer una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con sede en Sucre, para anular el contrato suscrito entre la estatal petrolera y la empresa Catler Uniservice, que preveía la construcción de una planta separadora de líquidos en el sur del país por 86 millones de dólares.
“Vinimos a presentar una demanda de nulidad del contrato suscrito entre YPFB y la empresa accidental Catler Uniservice. Presentamos a la Corte Suprema de Justicia con un sustento argumental importante en términos de señalar que este contrato se suscribió en un marco de anomalías, irregularidades y vulneración permanente a las normas vigentes en YPFB, como a las normas vigentes en el país”, argumentó Villegas.
El funcionario aseguró que, con el proceso administrativo y judicial que se sigue en el caso Catler, el Gobierno garantiza la instalación y funcionamiento de la planta de separación de Río Grande.
“El directorio en la reunión que tuvo cuando anuló el proceso de contratación, me instruyó, como presidente de YPFB, tomar todas las medidas técnicas, legales, financieras y económicas para asegurar la instalación de la planta de separación”, dijo.
El directorio de YPFB determinó a inicios de mes la anulación del proceso de contratación firmado con la cuestionada empresa, para la construcción de una planta de separación de gas licuado de petróleo en Río Grande, sudeste de Bolivia.
El contrato de mención fue salpicado de denuncias de corrupción e irregularidades en el proceso de licitación, por el que el ex presidente de YPFB, Santos Ramírez está recluido en el penal de San Pedro de La Paz.
El contrato YPFB-Catler Uniservice, firmado en 2008, sacó a la superficie densas anomalías después que un grupo de pistoleros matara a sangre fría al empresario Jorge O’Connor D’Arlach en una calle de La Paz, a fines de enero, luego de arrebatarle de las manos 450.000 dólares en efectivo, destinados a un cohecho para el entonces presidente de la petrolera Santos Ramírez, de acuerdo con las investigaciones policiales y del Ministerio Público.
Comentarios
Publicar un comentario