Magistrada pide al Legislativo nombrar autoridades judiciales

Silvia Salame, la única magistrada del Tribunal Constitucional solicitó ayer al Poder Legislativo acelerar las designaciones de autoridades judiciales.

• En especial del Tribunal Constitucional, porque cree que la falta de magistrados en ese órgano del Poder Judicial, paralizó la mayoría de los procesos

La única magistrada del Tribunal Constitucional (TCC), Silvia Salame, solicitó ayer al Poder Legislativo acelerar las designaciones de autoridades judiciales, que quedaron paralizadas en 2008 debido a roces políticos entre el oficialismo y la oposición.

Salame llegó de improviso a la presidencia de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional, para entrevistarse con el titular de esa instancia, el senador por Santa Cruz, Óscar Ortiz.

El Congreso debe elegir, entre 98 candidatos, a 20 autoridades: un Fiscal General, dos vocales de la CNE; cinco magistrados del Tribunal Constitucional y 12 ministros de la Corte Suprema de Justicia.

En ese contexto, Salame pidió al Presidente del Senado la pronta designación de autoridades judiciales, especialmente del TC debido a que la falta de magistrados en ese órgano del Poder Judicial paralizó la mayoría de los procesos judiciales.

La magistrada del Tribunal Constitucional indicó que a partir de la designación de las autoridades se normalizará las funciones jurisdiccionales paralizadas desde fines de 2007.

En enero pasado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) culpó a la oposición política de frenar la designación de autoridades del Poder Judicial.

El senador Félix Rojas, del MAS, sostuvo en esa oportunidad que el oficialismo hizo todo lo posible para cerrar el tema de las designaciones.

“Ustedes son testigos (dijo refiriéndose a los medios de comunicación) que permanentemente hemos buscado consensos con el resto de los componentes del Congreso, esto quiere decir con Poder Democrático Social (Podemos), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN). Hemos sido defraudados en esa pretensión en muchas ocasiones”, aseveró en esa oportunidad.

Mientras que la diputada del MNR, Marisol Abán, atribuyó la falta de consenso al interés del oficialismo por dejar de lado el tema de las designaciones con la intención de elegir, a futuro y en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), a autoridades judiciales afines al Gobierno.

Abán explicó que el oficialismo a título de “que nosotros no negociamos nada”, se obsesionó por no viabilizar las designaciones de autoridades judiciales, toda vez que la oposición tenía la predisposición de lograr acuerdos políticos para definitivamente cerrar el asunto.

“El punto del millón para alcanzar cualquier acuerdo, es respetar la meritocracia de los candidatos, eligiendo a los mejores calificados, pero el MAS está empeñado en devaluar la carrera judicial y elegir a aquellas autoridades afines al Gobierno”, denunció.

Según la nueva Constitución, aprobada el 25 de enero en consulta popular y refrendada por el presidente Evo Morales el 7 de febrero de este año, las nuevas autoridades deberán ser electas a través del voto ciudadano, hecho que entrará en plena vigencia a partir de la posesión de las nuevas autoridades nacionales como la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional en enero de 2010.

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