A Toledo, que se encuentra fuera de Perú, la Fiscalía le imputa los
delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente
haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Carretera
Interoceánica del Sur a cambio de jugosas dádivas, depositadas en un
entramado de empresas "offshore".
El Ministerio del Interior anunció que enviará una alerta roja a los
190 países que integran la Interpol, y advirtió que incluirá a Toledo en
la lista de los prófugos más buscados del país, por los que se ofrece
una recompensa a cambio de facilitar su captura, si no vuelve a Perú de
inmediato.
La orden de
captura fue ordenada hoy por el juez Richard Concepción, titular del
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, a
petición del fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien está a cargo
de la investigación.
El
magistrado indicó que los "elementos de convicción" existentes son
suficientes y "respaldan con alto grado de fiabilidad" su intervención
en las irregularidades detectadas en la obra.
"No es un ciudadano cualquiera. Fue presidente de la República, y
valiéndose de la más alta investidura del país, habría hecho todos estos
actos corruptos para enriquecerse ilícitamente", dijo Concepción.
Afirmó además que el encarcelamiento de Toledo debe realizarse porque
los delitos imputados están penados con al menos cuatro años de prisión y
porque Toledo "no tiene arraigo en el Perú", ya que su residencia
habitual está en Estados Unidos, donde ejerce como investigador de la
Universidad de Stanford.
El juez rechazó la solicitud del abogado de Toledo, el excongresista
Heriberto Benítez, para que el expresidente tuviera un régimen de
comparecencias periódicas en el juzgado o un arresto domiciliario
mientras dure la investigación.
Benítez, que ha sido vinculado a dos redes de corrupción investigadas
por la justicia en los últimos años, anunció un recurso de apelación por
considerar que el fallo viola los derechos fundamentales de su
defendido.
A la salida
de la audiencia, el letrado sugirió a Toledo no regresar a Perú hasta
que no se resuelva su apelación porque cree que no existen las garantías
procesales suficientes.
El abogado del expresidente calificó la resolución de "vengativa" y de
"talionaje judicial", y anticipó que recurrirá al Tribunal
Constitucional o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de ser necesario.
Según
el fiscal Hamilton Castro, Odebrecht y Toledo acordaron que el pago de
20 millones de dólares en favor del mandatario si lograba la licitación
de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio
peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
A cambio, Toledo se encargaría de que los plazos no se postergaran y de
que se modificaran las cláusulas del contrato para impedir o dificultar
la participación de otras empresas en el concurso de la obra,
adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346
millones de dólares, según la Contraloría (tribunal de cuentas).
De los 20 millones de dólares en sobornos, la Fiscalía tiene
identificados unos nueve millones de dólares pagados entre 2006 y 2010
en cuentas de empresas "offshore" de Josef Maiman, empresario
peruano-israelí e íntimo amigo de Toledo, que sería el testaferro del
presidente.
Toledo es la
primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso
Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense
haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los
años 2005 y 2014.
Ese período comprende los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Toledo está investigado desde 2013 por un presunto delito lavado de
activos en Perú a raíz de las millonarias compras inmobiliarias hechas
en Perú por su suegra Eva Fernenbug con dinero de la empresa Ecoteva,
creada en Costa Rica por Maiman.
Respecto a ese caso, la Fiscalía de Costa Rica congeló este miércoles
por un período de un año una cuenta de la empresa Ecostate en el Banco
Santander cuyo saldo es de 6,5 millones de dólares, según informó hoy el
Poder Judicial del Perú.
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