El ministro de Defensa Nacional, Walker San Miguel - Abi | Los Tiempos
LA PAZ |
El gobierno anunció el lunes que iniciará un juicio a la presidenta de la Corte Suprema y otros siete magistrados de ese tribunal que ordenaron el traslado de jurisdicción en un sonado caso de supuesto terrorismo.
"Los magistrados cometieron delito de prevaricato y serán demandados en un juicio", declaró el lunes el ministro de Defensa, Walker San Miguel. Su colega de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce dijo en rueda de prensa que "ante la comisión de un delito lo que corresponde (en contra de los magistrados) es un juicio de responsabilidades".
Los magistrados ordenaron el traslado a la ciudad oriental de Santa Cruz, bastión de la oposición, una investigación judicial sobre un desmantelado grupo de supuestos mercenarios europeos acusado por el gobierno de tramar un magnicidio en contra del presidente Evo Morales y de preparar un plan militar para separar esa región de Bolivia.
Los principales investigados por supuestamente contratar y financiar al grupo desmantelado en junio pasado son líderes opositores y algunos empresarios de Santa Cruz.
El cabecilla del grupo, un boliviano-húngaro veterano de la guerra en Croacia, y otros dos extranjeros murieron en un hotel de esa ciudad durante una violenta incursión de la policía. Otros dos están detenidos en La Paz.
El caso polarizó más las diferencias entre el gobierno de Morales y la oposición autonomista de Santa Cruz.
"Si hay una región donde no funciona la justicia es Santa Cruz", dijo Arce. "La decisión de los jueces es forzada y errónea, el gobierno la rechaza y condena", acotó.
El gobierno traslado el caso a La Paz bajo ese argumento y por tratarse de un "delito contra la patria, destinado a desmembrarla".
Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, dijo que el tribunal "sólo cumplió la ley".
"No se tomó ninguna medida de fondo, lo único que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde", acotó.
Es lo que han venido reclamando líderes de Santa Cruz, que las investigaciones judiciales se lleven adelante en la región donde se han producido los hechos.
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