 Álvaro García Linera |
(ANF).- El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, dijo que la reunión de Gabinete que se realizará hoy podría aprobarse el decreto supremo que pidió el presidente Evo Morales y que determinará la confiscación de los bienes a empresarios que sean descubiertos brindando ayuda a células terroristas que operan en el país.
“Ojalá mañana (hoy) el gabinete debata el tema sobre el ‘terrorismo separatista’ en la categoría jurídica de atentado a la integridad del país y traición a la Patria y eso está por encima de cualquier consideración”, aseguró García Linera.
AMPARADO EN CPE
El Vicepresidente aseguró además que el decreto estará amparado en la nueva Constitución política del Estado y en los principios básicos de unidad de la historia de Bolivia y de su mismo destino. Estará dirigido, aseguró, a sancionar a las personas que buscaron crear condiciones materiales, estructurales y violentas de separación del país.
Morales dijo tras la reunión del MAS realizada en Cochabamba, que pidió a sus abogados preparar un decreto supremo para encarcelar y confiscar los bienes de los empresarios que apoyan acciones terroristas. “Si algún empresario tiene relaciones con mercenarios extranjeros, esta persona tiene que ir a la cárcel y entregar todos sus bienes al Estado”, dijo el mandatario en esa oportunidad.
INVOLUCRADOS
En ese sentido, el decreto sería aplicado a quienes se vean involucrados con la supuesta banda terrorista liderada por el boliviano – húngaro, Eduardo Rozsa, que tenía intenciones, según afirmó a un periodista de Hungría el pasado año, de ayudar a la independencia de Santa Cruz. La anterior semana, Rozsa fue abatido a tiros durante un operativo policial.
La Policía ejecutó un operativo el jueves 16 de abril, en el hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, donde fueron abatidos el rumano Mayarosi Ariad, el irlandés Michael Dwyer (24) y el boliviano-húngaro, Eduardo Rozsa Flores (ex militar croata). En tanto que Ramiro Francisco Tadic Astorga (51) y el húngaro Elot Tóazo (28) fueron detenidos, trasladados a la ciudad de La Paz y recluidos en la cárcel de San Pedro, acusados por delito de terrorismo.
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