El equipo jurídico que prepara el amparo constitucional como estrategia para liberar a los nueve funcionarios recluidos en Chile revisa los últimos detalles del recurso ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en el norte chileno.
Ayer se presentó una querella penal contra un teniente de Carabineros y un fiscal chileno por las detenciones.
Según una fuente diplomática, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, viajó ayer a esa ciudad y se estima que se presente el amparo hoy, martes.
Según refleja La Razón Digital, el abogado chileno Roberto Celedón, integrante del equipo jurídico boliviano, presentó la querella contra el Teniente de Carabineros, Cristián Costanzo Ávila, el fiscal local de Pozo Almonte, Hardy Torres Lopez, por la omisión de denuncia del delito de contrabando y la presentación como supuestas "víctimas" de los vinculados con el traslado ilícito de mercaderias.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que Menacho llegaría a Iquique para entregar el recurso, que tiene el objetivo de liberar a los nueve bolivianos que fueron detenidos en la frontera por carabineros chilenos hace tres semanas mientras luchaban contra el contrabando. La esencia jurídica del amparo es mostrar que los funcionarios fueron arrestados de manera "ilegal, arbitraria y abusiva" por parte de policías del vecino país vulnerando sus derechos humanos.
El recurso, que tiene cerca de 60 páginas, hace énfasis en que los funcionarios fueron detenidos mientras cumplían una función pública, como es la lucha contra el contrabando. Además, cuestiona el dictamen de medidas cautelares, que son 180 días de detención preventiva dictado por el juzgado de Pozo Almonte, haya sido aplicado por los supuestos delitos de contrabando, robo y portación de armas en territorio chileno.
Menacho llegó a Iquique y de inmediato se puso en contacto con el equipo jurídico para dar una última revisión al amparo. El recurso sería presentado antes de mediodía de hoy y se estima que la audiencia que acepte o rechace el amparo se realice la próxima semana.
ARCE NO VIAJA A CHILE
El ministro de Justicia, Héctor Arce, aclaró ayer a través de un comunicado de prensa, que no tiene previsto viajar a Chile y, por lo tanto, no inició ningún trámite para ingresar a ese país.
"El señor ministro de esta cartera de Estado, Héctor Arce Zaconeta, no tiene previsto trasladarse a la República de Chile, en tal sentido tampoco se realizó la solicitud de la visa correspondiente”, dice el comunicado del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
La aclaración de Arce obedece a las declaraciones del viernes del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien dijo que "posiblemente el Ministro de Justicia acompañaría al Procurador a Chile si le daban la visa”.
"El Procurador y posiblemente el Ministro de Justicia, si les dan visa, van a estar allá en Chile para cooperar con los miembros del equipo chileno que están trabajando en la defensa de nuestros compatriotas”, había declarado Reymi Ferreira.
Adicionalmente, fueron presentadas las denuncias por robo con violencia de los efectos personales de algunos de los funcionarios bolivianos, como dos celulares y una computadora portátil, bienes que no fueron reportados como incautados por los Carabineros y la Fiscalía; y por lesiones e intimidación.
El equipo de juristas bolivianos, encabezados por el Procurador del Estado, presentará el amparo constitucional ante la Corte de Apelaciones de Iquique. Los funcionarios de Aduana fueron detenidos el 19 de marzo en la frontera y enviados a la cárcel preventivamente de Alto Hospicio tres días después.
Reymi Ferreira indicó que el Procurador Menacho está elaborando los argumentos finales para la defensa de los bolivianos y solicitó una serie de información para que el equipo de los abogados pueda fundamentar una acción de amparo.
El Ministro de Defensa agregó que también están enviando documentación, a través de la Cancillería, a los abogados que defienden a los nueve detenidos para lograr su liberación.
Con el amparo constitucional, el Gobierno boliviano busca demostrar que los nueve bolivianos encarcelados preventivamente en Chile cumplían labores de lucha contra el contrabando y no cometían actos delictivos, como aseguran las autoridades chilenas.
El Gobierno denunció que se trata de una represalia por la demanda marítima que radica en la Corte Internacional de Justicia de La Haya e interpuso denuncias ante el Comité Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, el Gobierno presentó un reclamo formal ante la organización ALBA-TCP por la detención de ciudadanos bolivianos en Chile. “Canciller #FernandoHuanacuni participa XV Consejo Político del #ALBA-TCP en #Cuba y se refiere a la detención de los 9 compatriotas en Chile” (Sic), informó la Cancillería.
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