Los ex presidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa. - Agencias Agencia
Tres ex presidentes y un vicepresidente de la República denunciaron ayer un complot del actual Poder Ejecutivo para enjuiciarlos en abierta violación de la Constitución Política del Estado y los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, con una ley que está a punto de ser aprobada en el Legislativo.
Los ex presidentes Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez Velzé (20005-2006) y el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) en rueda de prensa conjunta emitieron ayer una declaración de cuatro puntos en la que alertan sobre un posible abuso de poder del Gobierno con una nueva Ley de Responsabilidades que tramita la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el oficialismo.
Asimismo, dieron a conocer que enviaron una nota expresando estas preocupaciones, al vicepresidente Álvaro García Linera, a la presidenta del Senado, Ana María Romero y al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta.
En respuesta a esta denuncia, el presidente de los Diputados manifestó ayer que los ex mandatarios con este reclamo están asumiendo una posición de culpabilidad y considera que es una reacción apresurada sobre una ley aún no aprobada y juicios en su contra que tampoco la Asamblea Legislativa aprobó, con excepción del proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Nos preocupa la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de someternos a procesos penales violando los derechos humanos así como las garantías ciudadanas y los tratados internacionales", dice la declaración leída por Cárdenas.
"La misma persona (Morales) que nos acusó, designó inconstitucionalmente a los jueces que nos van a juzgar", agrega.
Mesa dijo que no saldrán del país como otros políticos opositores procesados y tampoco buscan "rehuir" la acción de la justicia, pero reclamaron procesos "justos, imparciales y transparentes" que eviten la "judicialización de la política".
"Las actuaciones realizadas en los juicios en nuestro contra están viciados de nulidad", dijo Rodríguez al reclamar a los legisladores incluir en la norma un recurso de apelación "contra una eventual sentencia condenatoria".
Los cuatro anunciaron que acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar y reclamar por sus derechos. La decisión tiene que ver con la nueva ley de Juicio de Responsabilidades que ya aprobó Diputados y que actualmente revisa la Cámara de Senadores.
La jefa de los diputados oficialistas Rebeca Delgado dijo hace dos días que esa norma busca "dar continuidad a todos los casos que están estancados en la Asamblea Legislativa". La diputada también oficialista, Cecilia Ayllón, aseguró que la nueva ley, ni bien promulgada, activaría más de 20 de juicios contra varias ex autoridades.
El Ministerio Público formuló cargos en 2006 en contra de Quiroga, Mesa y Rodríguez por diversos casos. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la que debe autorizar los juicios contra ex presidentes lo que no ocurrió hasta ahora. Si ello ocurre la Corte Suprema de Justicia tramita el juicio hasta la sentencia. Morales designó en febrero a cinco magistrados de ese tribunal para llenar vacancias y de manera temporal hasta que se elijan a los futuros jueces por voto ciudadano el próximo año.
"La nueva Ley de Responsabilidades no fue hecha pensando en los juicios pendientes", replicó el presidente de los Diputados Héctor Arce, al asegurar que si se revisa las disposiciones transitorias del proyecto de ley en debate, en caso de que se llegue a juzgar a las ex autoridades, estas serían procesadas con la ley anterior, por el principio jurídico de que debe juzgarse con la ley vigente en el momento de la comisión del delito.
VULNERACIONES COMETIDAS
• No hay jueces imparciales. El Proyecto de Ley reconoce como tribunal de enjuiciamiento al integrado por jueces interinos designados inconstitucionalmente por el acusador. El entonces diputado Evo Morales, hoy Presidente del Estado, presentó acusación en nuestra contra ante el Fiscal General de la República, pidiendo que se nos abran sendos Juicios de Responsabilidades.
• No hay una ley justa. El proyecto de ley permite la aplicación retroactiva de delitos y penas agravadas.
• No habrá debido proceso. El proyecto de ley no establece ningún recurso contra una sentencia condenatoria, limitando a los ex dignatarios de Estado derechos y garantías básicos para su defensa, que nuestra normativa procesal vigente reconoce hasta a los acusados por delitos de asesinato, narcotráfico o violación.
• No hubo derecho a ser oído. En ninguna de las fases del proceso que se nos sigue, desde la acusación abierta en nuestra contra, hasta el envío por la Corte Suprema de los juicios para su consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional, fuimos convocados para ser oídos por autoridad legal.
Comentarios
Publicar un comentario