Gobierno anuncia juicio a magistrados que trasladaron caso terrorismo a Santa Cruz


(ABI) El Gobierno iniciará un juicio de responsabilidades por prevaricato contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que decidieron por el traslado a la jurisdicción del departamento de Santa Cruz de la investigación sobre separatismo y terrorismo, informó el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce.

En un informe a la prensa en el palacio de Gobierno tras reunirse con el presidente Evo Morales, el ministro subrayó que el gobierno "rechaza en forma categórica el fallo en el cual tres ministros de Corte Suprema junto a cuatro vocales "convocados de manera amañada y forzada optaron por esa determinación".

Dijo que esa medida fue ejecutada "sin guardar las formalidades ni actos judiciales necesarios; de manera forzada se enviaron estos antecedentes a la ciudad de Santa Cruz".

Señaló que el gobierno rechaza en forma categórica esa decisión porque "no es correcto, permisible, ni legal que un proceso que se tramitaba legal y legítimamente en La Paz por crímenes que afectan a todo el país, porque buscaban la división de la patria y causar terror, enfrentamiento y derramamiento de sangre entre los bolivianos, sea trasladado a otra jurisdicción".

Subrayó que, sin cumplir con las formalidades de Ley, esos antecedentes ya fueron enviados a Santa Cruz.

Agregó que la actitud de algunos miembros de la CSJ está al margen de la Ley porque "busca proteger intereses mezquinos, sectarios y oscuros".

El ministro puntualizó que si hay un departamento en especial donde se ha demostrado que la justicia no funciona "porque operan jueces parcializados y prebendalistas, es el departamento de Santa Cruz".

Manifestó que hay casos con pruebas materiales y hasta con personas detenidas en los que se ha favorecido a los responsables, como es el caso de personas fuertemente armadas en las cercanías donde iba a estar el Presidente de la República.

Agregó que lo mismo ha pasado con los atentados a instituciones, legaciones diplomáticas y residencias de médicos cubanos sin que se conozcan investigaciones concluyentes al respecto.

"Lamentablemente la justicia en Santa Cruz se ha caracterizado porque favorece a la impunidad, como ha sucedido con la toma y destrucción de instituciones en agosto pasado del año pasado sin que existan sanciones al respecto", señaló.

Dijo que el Estado no puede confiar a una justicia que ha mostrado esas irregularidades y que actúa a favor de la impunidad uno de los casos más importantes que pusieron en peligro la unidad nacional.

"El pueblo tiene derecho a conocer la verdad en un juicio transparente y limpio sobre estos hechos que fueron descubiertos por los órganos de seguridad del Estado", subrayó Arce.
Agregó que el gobierno tomará los recaudos necesarios porque hubo la comisión del delito de prevaricato por parte de algunos miembros de la CSJ.

"Este tipo de actitudes, aparentemente en convivencia con sectores empresariales o que estuvieron vinculados a estas actividades ilegales, tiende a favorecer a estas personas en una especie de contubernio para perjudicar la investigación y evitar la verdad", dijo.

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