| Una norma autoriza la adjudicación directa y sin pago de tributos de la mercancía. La Aduana dice que sólo se entregarán autos que estén en óptimas condiciones y que el resto será destruido. | |||
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“(El decreto) permite a entidades públicas adjudicarse mercancías; pueden ser vehículos, equipos de computación, muebles, dependiendo el rubro de la entidad pública”, dijo la gerente general de la Aduana, Jacqueline Villegas. Precisó que en el caso de los automóviles, la norma incluye dos tipos: los que tienen decomiso definitivo y aquellos cuya importación está prohibida. Entre los vehículos vetados están los incautados en cumplimiento del Decreto 29836, del 3 de diciembre del 2008, que restringe el ingreso de motorizados con más de cinco años de antigüedad. Hace más de seis meses que los importadores de autos afectados por el veto exigen al Ejecutivo que permita la entrada de sus vehículos, parados en la zona franca de Iquique (Chile). La norma es también para los “tractocamiones” convertidos (camiones reacondicionados como grúas o equipos para trabajos pesados) con una antigüedad mayor a siete años y los chasis con motor que se importan para fabricar estos motorizados. Así lo dispone el Decreto 0123, complementario al 29836 y emitido en mayo del 2009. La normativa aduanera anterior a ambos decretos también restringe la entrada de automóviles accidentados y de los que tengan el número de chasis duplicado, alterado o amolado (abollado). “Este tipo de vehículos (prohibidos) van a poder adjudicarse excepcionalmente sin el pago de tributos”, confirmó Villegas. El Decreto 0220 señala que los automotores con chasis adulterado no serán cedidos sin que la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) certifique que no tienen dueño. La norma añade que los carros con volante a la derecha deberán ser previamente acondicionados en una zona franca y que dicha operación será financiada por la entidad adjudicataria del bien. Villegas aclaró que sólo se cederán los autos prohibidos que reúnan las condiciones técnicas y medioambientales suficientes. El resto, afirmó, será destruido. Esta tarea, que se realizará al interior de los recintos aduaneros, será adjudicada al mejor postor. Una nota de prensa del Ministerio de Economía —entidad a cargo de autorizar todas las adjudicaciones— indica que entre las entidades que se beneficiarán con el traspaso directo y gratuito se encuentran instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía, la Aduana, la Fiscalía y otras que combaten el contrabando. Villegas explicó que para conseguir los vehículos con decomiso definitivo —es decir los que fueron incautados y se logró su adjudicación por remate—, las entidades públicas deberán pagar los tributos aduaneros de importación sobre el 75 por ciento del precio base de la puja. Las instituciones también correrán con el costo de almacenaje y otros servicios aduaneros, por el 4,5 por ciento del valor base. La autoridad agregó que a la fecha hay 722 coches con decomiso definitivo a nivel nacional. No quiso referirse a la cifra de incautación de coches prohibidos. La ropa usada será procesada El Gobierno pretende que la ropa a medio uso, incautada por la Aduana Nacional, se adjudique a una empresa que primero la destruirá y luego la transformará para su reutilización. “La empresa adjudicataria procederá a la destrucción de la prendería usada mediante el proceso de inutilización en depósito aduanero”, establece el Decreto Supremo 0220. La norma señala que la adjudicación se realizará sin precio base y al mejor postor. La gerente general de la Aduana, Jacqueline Villegas, dijo que hasta abril se tenían más de 800 toneladas de ropa usada incautada en los almacenes de la Aduana. Aseguró no tener un reporte actualizado a junio. El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, señaló que espera que la medida resulte, aunque afirmó desconocer el proceso de reutilización que se puede efectuar a partir de este tipo de prendas, según ANF. La mercadería está prohibida desde el 1 de abril, pero su venta persiste a falta de un plan integral que permita su decomiso. |
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