Nadie asume el desafío de decomisar la ropa usada

OFERTA • El Ejecutivo ofreció capacitación y Bs 650 por tres meses a los comercializadores.
• CONFERENCIA • Ballivián y Aguirre anuncian su plan.
El Ejecutivo y los gobiernos municipales aún no terminan de acordar quién se hará cargo del control para evitar la venta de ropa usada en el país, actividad prohibida desde el 1 de abril.

“El Ministerio de Salud ha certificado que esta producción, al no tener ningún registro de desinfección, atenta contra la salud del ciudadano, por cuanto hay controles municipales —en el marco de la ley municipal— que deben ser ejercidos”, afirmó ayer la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, en una rueda de prensa en el Palacio Quemado.

En ese sentido, señaló que esa certificación será remitida a las alcaldías y a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) “para que ellos tomen las acciones que deben tomar en el marco de sus atribuciones”.

Sin embargo, para el vicepresidente de la FAM y presidente del Concejo Municipal de La Paz, Luis Revilla, ésa no es la manera de encarar el problema. “No vamos a dejar esa tarea de manera fácil solamente en manos de los municipios y de las guardias municipales, que también tienen otras tareas que cumplir”, dijo.

Agregó que es preciso generar mecanismos adecuados de coordinación entre todas las instituciones involucradas en el tema, que incluyen a la Policía.

“Tenemos toda la predisposición de colaborar, pero en un marco de respeto y de un plan muy concreto que tiene que ver con el control y con los compromisos que ha hecho el Gobierno con este sector”, complementó.

El decreto que prohíbe la venta de la mercadería establece el decomiso de prendería usada íntima por parte del Ministerio de Salud y de las alcaldías.

Los comerciantes de ropa a medio uso hicieron una pausa en sus movilizaciones para dialogar con el Ejecutivo, proceso que se rompió ayer en la madrugada.

Según Ballivián, la única propuesta del sector fue una ampliación hasta febrero del 2010 para la venta de la mercadería, planteamiento que no se aceptó.

Asimismo —dijo— el Gobierno planteó un programa dirigido a la reconversión productiva del sector, basado en dos componentes: la generación de emprendimientos productivos y el acceso a fuentes de empleo.

Precisó que se ofreció a los comerciantes una capacitación de hasta tres meses, además de un incentivo económico de Bs 650 que se entregarían en forma mensual mientras duren los cursos, “hasta que ellos emprendan su proyecto o accedan a un empleo digno”. Explicó que el financiamiento base del programa son los Bs 65 millones del fondo de reconversión productiva.

El ministro de Planificación, Noel Aguirre, aclaró que la oferta incluye sólo a los vendedores a detalle y no a los importadores.

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