Al menos tres analistas políticos consideran que la revelación de Eduardo Rózsa Flores de que llegó a Santa Cruz para armar una milicia para buscar incluso la secesión de esa región complicó a la oposición regional porque sus argumentos de un supuesto montaje del Gobierno se derrumbaron. Poder Democrático y Social (Podemos), en tanto, tomó distancia de los opositores y pidió cárcel para los secesionistas.Todos los expertos consultados por este matutino, sin embargo, coincidieron en que “no se debe politizar” este hecho porque podrían contaminarse los resultados de la investigación, y sugirieron esperar el informe oficial de la Fiscalía y la Policía y que los políticos deben dejar el enfrentamiento para que una averiguación técnica esclarezca estos hechos.
El ex presidente y líder de Podemos Jorge Quiroga, quien había cuestionado los argumentos del Gobierno, ayer dio un viraje. En una conferencia de prensa en Fundemos indicó que quienes atentan contra la unidad del país, aun si se trata de autoridades elegidas, deben ir a la cárcel.
“Todos aquellos que colaboraron con este grupo tienen que pudrirse en la cárcel, porque dividir Bolivia mediante las armas es traición a la patria”, un delito sancionado por la nueva Constitución con 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
El martes, la televisión húngara difundió una entrevista “póstuma” de Rózsa, considerado por el Ejecutivo como el líder de la banda de “mercenarios-terroristas” de “ultraderecha”, en la que señala que fue contratado para retornar a Santa Cruz a defenderla de una supuesta invasión del Estado central e incluso abrió la posibilidad de pelear por la independencia de esta región autonómica.
La analista política Helena Algirakis considera que la idea de dividir al país no es propia de una oposición democrática, sino de un ala opositora radical que incluso respondería a la ultraderecha. Algirakis dice que, por los argumentos revelados por Rózsa en la entrevista concedida a la televisión húngara, el objetivo no era cometer un magnicidio como lo denunció el Gobierno, sino “hacerse con el poder en el oriente”, particularmente Santa Cruz, porque en la región existen tierras, recursos naturales e hidrocarburos y los líderes de “ultraderecha” temían que se afectaran sus intereses.
Insistió en que existen diferencias grandes entre un grupo de mercenarios y un grupo paramilitar-parapolítico, ya que los mercenarios hacen un trabajo a cambio de un pago, en cambio los paramilitares trabajan por una causa ideológica fuerte y con un proyecto definido, como lo revela Rózsa en la entrevista difundida por el periodista Andras Kepes.
“La hipótesis iba más por la desestabilización, el generar conflicto, anarquía y caos, y en ese contexto a través de un ambiente de terror e incertidumbre en la población crear una especie de vacío de institucionalidad en el oriente, y a partir de ahí plantear una situación que ya no sería autonomía sino un Estado binacional o directamente la escisión del Estado boliviano”.
La idea de conformar un país con dos modelos administrativos fue creciendo en Santa Cruz y expresada por el ex presidente del Comité Cívico cruceño Branko Marinkovic, en enero.
La analista dijo que la investigación iniciada por la Fiscalía no debe ser contaminada por las opiniones políticas y pidió “mayor seriedad” a los actores políticos del oficialismo y de la oposición que están en un constante enfrentamiento.
El jueves 16 de abril, una operación de las fuerzas especiales de la Policía en el hotel Las Américas de Santa Cruz terminó en la muerte de Eduardo Rózsa (boliviano-húngaro-croata), Magyarosi Árpád (húngaro-croata) y Michael Dwyer (irlandés), y fueron detenidos Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóasó (húngaro-rumano). Ahora, ambos están presos en el penal de San Pedro.
El Gobierno dijo que este grupo pretendía atentar contra la vida del presidente Evo Morales y generar inestabilidad en el país.
La oposición, incluido el ex presidente Jorge Quiroga Ramírez, puso en duda la versión gubernamental. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo que se trataba de un montaje para culpar a la oposición de una supuesta conspiración y los legisladores opositores indicaron que Morales no tenía pruebas del supuesto magnicidio y de otros actos denunciados.
El presidente del Senado, Óscar Ortiz, quien se alejó de Podemos y ahora lidera el bloque opositor de Santa Cruz, demandó al Gobierno que deje sus acusaciones generales con el objetivo de estigmatizar a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando como contrarios y opositores a su administración.
La autoridad pidió que el Gobierno recurra a organismos especializados en investigación de grupos terroristas y de narcotráfico de Brasil, Colombia, México y España “para descubrir la verdad y si hay algo de cierto en todo esto del terrorismo”. El analista político Iván Mendieta, en tanto, manifestó que las declaraciones de Rózsa “echan por tierra” lo que defendía la oposición. “Seguramente ahora pedirán una investigación transparente y le bajarán el tono de las declaraciones”.
Carlos Cordero, politólogo y catedrático universitario, considera que la “oposición” que tiene el presidente Morales no es “monolítica”, sino que tiene distintas fracciones o grupos, como el cívico-prefectural o el político-partidaria.
Adelantó que aún quedan nuevos elementos por conocerse y que en los próximos días se descubrirá un mundo “muy sórdido”, “el lado oscuro de la política”, de grupos que “no tienen esperanza en la democracia y que optan por el camino de la violencia”. Dijo que la oposición está maltrecha.
María Teresa Zegada, analista política, expresó que estos hechos han generado demasiadas especulaciones y una suerte de manejo de show político que afectan a las investigaciones.
“No se puede decir mucho por ahora, se precisa conocer un informe oficial. No es bueno aumentar la ola de especulaciones, dejando a los bolivianos en la zozobra, porque se necesita más información”.
Quiroga plantea ayuda de Interpol para investigar
El ex presidente y jefe de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos) pidió ayer que la Interpol intervenga en la investigación sobre la supuesta banda terrorista desarticulada en el país, con el fin de evitar posibles manipulaciones.
Quiroga dijo que la participación de la Interpol es necesaria para que nadie dude de las conclusiones que se extraigan tras la investigación que ya se está realizando. “Por el bien de la investigación, lo mejor es que venga la Interpol. Así nadie podrá decir que el discurso fue manipulado políticamente ni que el informe de balística fue contaminado”. Según Efe, la semana pasada la Interpol ofreció su apoyo a la Policía boliviana para investigar la supuesta trama de una banda terrorista que, según el Gobierno, pretendía atentar contra el presidente Evo Morales y otras autoridades nacionales y regionales.
Quiroga dijo ayer que “la Interpol hará que la investigación sea imparcial, seria, que llegue a una conclusión (…) Cuanto antes venga la Interpol, mejor”. Respecto de las revelaciones de Eduardo Rózsa, dijo que se trata de la confirmación de que la intención del grupo desarticulado era “dividir Bolivia mediante las armas”.
Colanzi habla de lista negra
El diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi denunció ayer la existencia de una “lista negra” de al menos cien personalidades políticas, cívicas, empresariales y de líderes de opinión de todo el país bajo el rótulo de “traidores y enemigos sentenciados”, y denunció que recibió amenazas en su celular en contra del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.
La casa de Colanzi, ubicada en la ciudad de Santa Cruz, el año pasado sufrió un atentado con explosivos que dejó daños materiales de consideración y la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de ese departamento.
Ayer en conferencia de prensa, el legislador cruceño dijo que al menos cien personas eran blanco del presunto grupo terrorista desarticulado en Santa Cruz y liderado por el extinto boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, quien luchó en la Guerra de los Balcanes.
El diputado Colanzi reveló que en octubre de 2008, en una reunión en la casa de un cívico cruceño cuya identidad no reveló, se tomó la decisión de quemar los domicilios de esas cien personas.
Esa “lista negra” pudo haber circulado por internet el 12 de abril, tres días antes del atentado en contra del domicilio del cardenal Julio Terrazas.
La diputada cruceña del MNR Roxana Gentile también denunció el martes que sufrió amenazas de muerte y en su cumpleaños recibió un regalo con una tarjeta que expresaba un pésame.
Líderes desconocen a “La Torre”
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, en la entrevista concedida a la red televisiva PAT el martes, señaló a un grupo denominado La Torre que supuestamente era el vínculo entre la Prefectura cruceña, el Comité pro Santa Cruz y las instituciones cruceñas que promocionaban la autonomía departamental; sin embargo, líderes de opinión y dirigentes de las entidades de ese departamento dijeron desconocer la existencia de este bloque radical.
La autoridad gubernamental dijo que el activista de la autonomía Mauricio Iturri formaba parte de este bloque al parecer disuelto en la crisis de septiembre de 2008, cuando autonomistas tomaron y saquearon instituciones del Estado, como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) o el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que después serían devueltos.
Líderes cruceños, entre ellos el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, y el ex presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña Pablo Klinsky, negaron la existencia de esta agrupación.
Asimismo, integrantes de Santa Cruz Somos Todos, una agrupación de líderes cruceños, negó conocer la actividad de esta organización; sin embargo, el primero que habló de la existencia de este bloque fue Iturri en una carta dirigida al prefecto Rubén Costas, a quien le llama traidor porque supuestamente negoció con el presidente Evo Morales en las conversaciones de septiembre para no ir preso por las tomas de instituciones y otros actos vandálicos.
Iturri se encuentra en la actualidad en Estados Unidos, se declara “exiliado político” porque supuestamente corre el peligro de ser detenido por los hechos de septiembre. En una carta del 31 de marzo dirigida a Costas cuestiona: “¿Acaso cree que con la famosa torre, y poner a 4 idiotas a que decidan el futuro de Santa Cruz bastaba? ¿Quién es Luis Orlando Justiniano? Un aprovechado que no hace más que perder procesos electorales (…) la cabeza de la torre, lo único que hace es gastar (…) más de 100.000 dólares al mes”.
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