Cuestionan anuncio de confiscación de bienes de empresarios implicados

Palacio de gobierno

• El líder de Alianza Social, René Joaquino, dijo que lo mencionado representa una gran amenaza, porque no existe una sentencia ejecutoriada.

El anuncio del presidente de la República, Evo Morales de que se alista un decreto para confiscar los bienes de empresarios que ayudaron a los supuestos terroristas que fueron capturados el pasado 16 de abril en la ciudad de Santa Cruz, levantó una ola de criterios entre la oposición y el oficialismo. Los primeros rechazan la medida y la consideran ilegal, mientras que los segundos la apoyan.

“No podemos inventarnos temas que son extralegales. Un decreto no puede estar sobre las leyes existentes en el país. En realidad, ésta es una forma de amedrentar a la región de Santa Cruz con amenazas”, dijo el vicepresidente de la Comisión Multipartidaria de Diputados que investiga el caso de terrorismo, Bernardo Montenegro de Poder Democrático y Social (Podemos), quien ratificó que en la legislación boliviana está la tipificación de estos delitos de terrorismo y también sus sanciones.

A su turno, el presidente de la Comisión de Política Social, Guillermo Mendoza cuestionó la postura del Ejecutivo, que cayó en el juego de echar la culpa unos a otros de manera irracional. “Creo que las investigaciones no han concluido y segundo ¿confiscar bienes? No es constitucional, no es lo correcto, espero que esto sea otra pose hormonal del Gobierno como fue en su momento el anuncio de que el mundo entero coadyuve en esta investigación”, añadió.

De igual forma el líder de Alianza Social (AS), René Joaquino, dijo que el anuncio de confiscación de bienes de algunos empresarios es una gran amenaza, porque no existe una sentencia ejecutoriada. “No puedes sentenciarlo sin haber cumplido con el procedimiento y sin conocer la realidad, lo que se quiere es intimidar a los empresarios y esa intimidación de seguro va a surtir sus efectos en otras, pero hay que resistir”, acotó.

Por su lado, la parlamentaria de Plan Progreso (PP), Claudia Paredes señaló que eso sería un “abuso extremo y una intromisión directa del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales”. “Que el Gobierno se dedique ha hacer gestión, generar fuentes de empleo, estabilizar la economía y dejar a los administradores de justicia que hagan su trabajo. No es posible que ahora se pretenda incautar bienes es un abuso de poder”, enfatizó.

Cabe recordar que la Policía ejecutó un operativo la madrugada del 16 de abril en el hotel Las Américas, dando muerte en esa incursión a Mayarosi Ariad (rumano), Michael Dwyer (irlandés de 24 años) y al boliviano-húngaro, Eduardo Rózsa Flores (ex militar croata). En tanto, que Ramiro Francisco Tadic Astorga (51 años) y al húngaro Elot Töaso (28 años) fueron detenidos, trasladados a La Paz y recluidos en la cárcel de San Pedro, acusados del delito de terrorismo.

Ese mismo día, el operativo encontró en instalaciones de la Cooperativa de Teléfonos de Santa Cruz, (Cotas), un importante arsenal con armas y municiones. Según anticipó el Gobierno, algunos empresarios habrían financiado dichos actos en Bolivia. Un vídeo póstumo de Rozsa confirma el hecho aunque no identifica a quienes serían estas personas.

Ante este panorama, el Presidente dijo el sábado pasado en la reunión con las organizaciones sociales que ordenó a sus abogados preparar un Decreto Supremo para que “si algún empresario tiene relaciones con mercenarios extranjeros, deba ir a la cárcel y entregar todos sus bienes al Estado.

El jefe de bancada del MAS en la Cámara de Senadores, Ricardo Díaz, afirmó que deben existir sanciones contra quienes contrataron a supuestos “sicarios” para generar violencia en Bolivia. “Ningún Prefecto, dirigente cívico, empresario o ‘logiero’ de Santa Cruz, tiene que molestarse porque la Fiscalía lo convoque para conocer si se reunieron o no con Eduardo Rózsa Flores o le entregaron dinero. Todas esas preguntas tienen que responder las autoridades y personas que estarían vinculadas a este grupo extremista”, dijo el senador masista que reveló el pago más de 52 mil bolivianos mensuales en gastos de hotel para que se hospeden los cinco presuntos terroristas.

De igual forma, el diputado del Movimiento Al Socialismo, José Pimentel, aseguró que la medida del Presidente corresponde y que existen bases en las leyes. “En estos casos, en general la ley señala que cualquier ambiente que se utilice para cometer crímenes son pasibles de un embargo. Estas personas tienen que ser sancionadas”, aseguró.

El prefecto paceño Pablo Ramos no quiso pronunciarse sobre el decreto que anunció el Presidente, sin embargo, consideró que cualquier persona que haya estado ligada a los supuestos terroristas en el financiamiento, también es terrorista “y tiene que ser sancionado de acuerdo a las normas legales vigentes”.