| El consorcio pedirá la nulidad del contrato con Yacimientos en la vía arbitral y demandará al Estado por daños y perjuicios. El presidente de YPFB negó una relación contractual y anunció una estrategia para recobrar el dinero pagado. | ||||
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“Si bien el directorio de Yacimientos ha anulado el proceso administrativo de contratación, el contrato está plena y absolutamente vigente”, declaró ayer a La Razón Javier Camacho, uno de los abogados del consorcio. “No tenemos ninguna atribución de anular contratos”, admitió el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas; aunque agregó que al haber anulado el proceso de contratación, “YPFB no tiene ninguna relación contractual con Catler-Uniservice”. Reveló, además, algunos detalles de la estrategia del Gobierno para recuperar el dinero desembolsado para el proyecto. “Parte de la estrategia es una auditoría técnica para saber el estado de las partes que se están produciendo (para la planta) y la capacidad de las empresas (subcontratistas)”, indicó la autoridad en una rueda de prensa. Camacho aseguró que “sólo en la vía arbitral podría tomarse alguna determinación respecto a la nulidad del contrato; mientras tanto, la relación contractual está plenamente vigente”. En una carta notariada enviada el 17 de marzo, el consorcio comunicó a Villegas su intención de rescindir el contrato por la falta de desembolsos de tres certificados de pago para la fabricación de la planta. Al no obtener respuesta, envió una segunda nota el 9 de abril, para hacerle saber que la resolución se hará efectiva. “Como no tenemos ninguna relación contractual, no tengo obligación de dar respuesta a esas cartas”, señaló Villegas. Según Camacho, en la demanda de nulidad del contrato ante la comisión de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), “lógicamente vamos a pedir el resarcimiento de todos los daños y perjuicios ocasionados”. Agregó que, previo a ese proceso, existe un período de conciliación de 30 días que ya comenzó. Villegas explicó que la auditoría estará precedida por la conformación de la gerencia del proyecto en Yacimientos y la contratación de una empresa supervisora. “Vamos a hacer un trabajo con esos dos equipos, de visualización y diseño de la ingeniería básica y conceptual (del proyecto) para que, en base a esos documentos, se haga la auditoría”. El contrato entre YPFB y Catler-Uniservice, por $us 86,3 millones, fue suscrito el 14 de julio del 2008. Tras su firma, el Estado abrió una carta de crédito por $us 35 millones para pagar a la empresa estadounidense Gulsby, subcontratista de Catler, que construye gran parte de la maquinaria destinada a la planta. De ese monto, 13 millones de dólares ya fueron desembolsados. Mientras, la construcción de equipos complementarios se realiza en Argentina y está a cargo de las empresas Sica y Gonella. Adicionalmente, hubo dos pagos por $us 3,3 millones a Uniservice, miembro del consorcio. “Tenemos conocimiento de que en los días anteriores el presidente de YPFB y algunos funcionarios han mantenido una serie de reuniones con los subcontratistas y están presionando para que continúen el proyecto de la planta, prescindiendo de Catler-Uniservice”, reveló Camacho. Tachó la acción de “ilegal” y argumentó que “todas esas empresas son muy respetuosas de la ley” y que las mismas “tienen contratos con Catler-Uniservice, que les prohíben hacerla a un lado porque es ella la que realiza el gerenciado del proyecto”. Consultado al respecto, Villegas señaló que “no hay ninguna relación contractual entre YPFB y Gulsby, Gonella o Sica”. Además, la autoridad recordó que la semana pasada la estatal petrolera envió una carta a la empresa aseguradora Credinform para solicitarle “una inmediata ejecución de las pólizas de seguros” que el consorcio abrió para garantizar la obra. Precisó que el dinero de las pólizas ronda los cerca de 9 millones de dólares. “Ni siquiera han tenido el cuidado de revisar que los $us 9 millones no solamente están en Credinform y que otra parte está en Bisa y creo que en Alianza”, afirmó Camacho a este medio. Añadió que Credinform no puede ejecutar las pólizas porque ello debe estar respaldado en un incumplimiento del contrato por parte del consorcio. “Catler y las subcontratistas siguen cumpliendo el contrato que ya tiene un avance de más del 45%”, dijo. De acuerdo con Camacho, el consorcio estaría dispuesto a hacerse a un lado del proyecto de Río Grande “siempre y cuando no exista un perjuicio” y el tema se maneje “en un marco de total legalidad, transparencia, racionalidad y en el que no haya excesos de ninguna de las partes”. El ex súper de Hidrocarburos fue aprehendido La comisión de fiscales que investiga el caso SIPSA determinó ayer la aprehensión del ex superintendente de Hidrocarburos Guillermo Aruquipa y del ex director jurídico de esa entidad Leonardo Chiquié. Según un reporte de la red ATB, Aruquipa se presentó ayer a declarar ante la Fiscalía a las 14.00. Tras haber comparecido por cinco horas, a las 19.30 la ex autoridad fue aprehendida. El fiscal César Romano dijo que se determinó su detención debido a que, si bien llegó a prestar su declaración informativa, posteriormente intentó confundir a los fiscales, reportó ANF. La semana pasada, Aruquipa llegó al Ministerio Público sin un abogado defensor y solicitó suspender su comparecencia. Esa instancia investiga la irregular conformación de Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), empresa creada por YPFB para la recalificación de garrafas y la perforación de pozos. En el caso de Chiquié, el fiscal Edwin Sarmiento indicó a ATB que su declaración estuvo en función a la resolución administrativa del ente regulador que dio lugar a la recalificación y al incremento en el precio para recalificar las garrafas de 10 y 45 kg. Según ANF, Aruquipa será sometido hoy a la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, presidido por Margot Pérez. Entre los delitos investigados están: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. |
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