La Comisión de Fiscales que investiga las presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) afirmó ayer miércoles que el contrato suscrito entre la estatal petrolera y la empresa Catler Uniservice no cumplió con los procedimientos legales, por lo que se presume un daño económico al Estado.
Las primeras indagaciones realizadas por los Fiscales establecen que el contrato de 86 millones de dólares para la construcción de una planta separadora de licuables en la localidad de Río Grande, Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, presenta irregularidades.
El Fiscal Edward Mollinedo, en declaraciones a los medios de comunicación, sostuvo que el contrato no cumplió con los procedimientos establecidos en la contratación de servicios y afirmó que los resultados preliminares de las investigaciones serán dados a conocer el lunes de la próxima semana.
Los primeros resultados, explicó, establecen que el contrato no fue remitido a la Contraloría General de la República ni tampoco fue protocolizado ante la Notaría de Gobierno, lo que evidencia que hubo un incumplimiento de los requisitos que fija la Ley para este tipo de casos.
"Es un contrato común y corriente, lo que sabemos es que no se ha cumplido con los requisitos que establece la Ley de dar conocimiento a la Contraloría General de la República, el otro requisito legal es de que esto sea protocalizado ante Notario de Gobierno, aspecto que no se ha cumplido y está en proceso de investigación", precisó.
La División Económica y Financiera del Ministerio Público, a la cabeza del Fiscal Edward Mollinedo, investiga los delitos de contratos lesivos contra el Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos, cohecho activo y pasivo.
De acuerdo al rol establecido, hasta el viernes declararán Ernesto Córdova (detenido en la cárcel de San Pedro), Juan Carlos y Javier Navia Doria Medina (cuñados de Santos Ramírez), Gonzalo Aramayo (inquilino del inmueble donde fue asesinado Jorge O'Connor), Julio Salazar (abogado de Uniservice) y Mario Cossio (representante legal de Uniservice).
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