 Evo Morales desde que asumió la presidencia pregona a los cuatro vientos luchar contra la corrupción; pero hasta ahora no se ven los frutos de ese “supuesto” trabajo. |
• Surgen más revelaciones sobre irregularidades en YPFB.
• Desde que se hizo público el caso de la internación de contrabando en 33 camiones, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, principal implicado, sigue en el cargo.
El escándalo provocado por el asesinato del empresario tarijeño Jorge O´Connor por 450 mil dólares desembolsados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y que involucra a sus autoridades, es considerado “uno más” de los hechos de corrupción que sacude al gobierno del presidente Evo Morales Aima.
En más de tres años de Gobierno, éste no logró parar la corrupción, por el contrario, las denuncias de casos de corrupción se mantienen al igual que anteriores gobiernos calificados de “neoliberales”.
Uno de los primeros casos que enlodó la gestión de Morales tuvo que ver con el contrato firmado de manera “irregular” entre la empresa Total E&P Bolivie e Iberoamérica Trading, en la gestión del ex presidente de YPFB, Jorge Alvarado. El daño económico fue calculado en 39 millones de dólares.
Otro caso, denunciado por el ex presidente de la Aduana Nacional, César López, en diciembre de 2008, involucra al actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por autorizar el paso de 33 camiones con contrabando en la región de Pando. El tema aún es investigado.
La Aduana, en tres años de gestión de Morales, inició procesos por corrupción a más de 50 funcionarios.
El tema de la construcción de viviendas “solidarias” también manchó la gestión de Morales.
Desde la aplicación del plan, en 2006, se denunciaron graves irregularidades y corrupción, como en los casos de Patuju, Concepción, Milenium I y II y otros proyectos en las ciudades de Santa Cruz, Chuquisaca y Oruro.
La corrupción también alcanzó a la Administradora Boliviana de Caminos (ABC). En 2007, la entidad suspendió a ex gerentes por denuncias de licitaciones irregulares para la concesión de contratos para la construcción de vías.
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